lunes, 22 de agosto de 2011

acoso laboral



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REPORTAJE: Vida & Artes

Las difusas fronteras del acoso laboral

Un funcionario abroncado pública y sistemáticamente está sometido a 'mobbing' - El Gobierno ha definido las conductas que constituyen este trastorno - A veces probarlo es difícil

CARMEN MORÁN 22/08/2011
Se acabó la impunidad para las presiones y los insultos en el trabajo. El Gobierno quiere poner coto a estas situaciones, y ha publicado un protocolo de actuación sobre el acoso laboral en la Administración Pública. El documento, recogido recientemente en el Boletín Oficial del Estado, define algunas situaciones calificadas como acoso. Entre ellas "dejar al trabajador de forma continuada sin ocupación efectiva, o incomunicado, sin causa alguna que lo justifique" o "reprenderlo reiteradamente delante de otras personas". Hay más, pero determinar cuándo se está ante una situación de acoso laboral y cuándo no parece un ejercicio necesario para resolver un problema de líneas difusas ante el que la sociedad apenas está despertando.
"La prevalencia de los malos modos en el trabajo es tremenda, insultos, descalificaciones... Pero hay un tránsito entre el trato malo y el maltrato. Por eso esta normativa considera que actitudes como esa, cuando son reiteradas se convierten en acciones vejatorias", explica Julio Fernández Garrido, director de la Escuela Profesional de Relaciones Laborales de la Complutense. Una bronca a un trabajador delante de sus compañeros puede dejar el ambiente en un silencio tenso, pero "la sociedad está tan habituada a los modales groseros que a veces tiene dificultades para percibir esa frontera: ¿es algo que se ha hecho a la ligera, sin pensarlo dos veces, donde caben excusas, o se está ante un caso de acoso?", añade Fernández Garrido.
Esa frontera es difícil también para los médicos y para los jueces. Y para los propios afectados. "La forma extrema de acoso la están sufriendo alrededor de un 4% a un 5% de los trabajadores, según algunas encuestas europeas y nacionales. Otros lo sitúan algo más bajo. En esos casos hay un alto daño psicológico, estrés postraumático...", sigue Fernández Garrido. Pero también hay "denuncias equivocadas. Los casos de acoso no suponen más del 20% de lo que se denuncia, lo que no quiere decir que no haya excesos y actuaciones punibles desde el punto de vista laboral, pero no lo que se considera mobbing".
Como quiera que las circunstancias son variadas, si existe o no acoso, parece decidirlo finalmente una sentencia judicial. Bernardo García, abogado laboralista de UGT y especialista en estos casos, reconoce que llevar la defensa de los afectados entraña dificultades. "Son realidades complejas y el procedimiento judicial está pensado para un acto concreto. En una mañana hay que ventilar una situación que se viene produciendo a veces durante años. Se trata de una secuencia de acontecimientos y hay que hilar los eslabones de todo ello, porque el hecho aislado puede parecer baladí", dice.
Las sentencias que está habiendo son en ocasiones contradictorias. Y a veces, la existencia o ausencia de una baja médica puede inclinar la balanza a un lado u otro, cuando los casos son prácticamente similares. Ya hay abogados que han llamado a la puerta del Tribunal Supremo en busca de la unificación de doctrina. "Traté de que la baja médica por la angustia que ha provocado el acoso, calificado así por un médico especialista público, constituyera al menos un indicio, pero no es fácil. Si no hay baja, la dificultad se acrecienta, y todos los trabajadores no se toman la baja, aunque se mediquen, porque no todos tienen la misma fortaleza, o porque consideran que no deben dejar abandonados sus trabajos a pesar del sufrimiento", dice García.
Este abogado entiende que no es fácil para los jueces encuadrar unos criterios infalibles que determinen el acoso, pero también reconoce que, en ocasiones, parecen tenerle cierta alergia. "Yo a veces rehúyo la calificación de acoso. Prefiero relatar lo que le ocurre a la persona y decir que esa situación está afectando a su dignidad... Si cito el acoso el juez se pone en guardia y, después de todo, es él quien ha de calificarlo", dice García.
Es un asunto delicado; lo mismo que se oye por cualquier sitio eso de "este niño es hiperactivo" solo porque es inquieto en extremo, "el acoso también se ha vulgarizado", sigue García.
Pero haberlo, haylo. Y los casos que relatan los afectados son dramáticos. Trabajadores apartados de un día para otro de sus funciones habituales, desterrados a un pasillo con una mesa y una silla, sin ordenador, sin tareas, en otros edificios, solos. Los que amanecen con tres despertadores porque temen que cualquier retraso pueda ser utilizado en su contra. Y duermen porque están medicados...
"Llegaba llorando a casa un día tras otro; se me caían unos lagrimones en el trabajo... Pasé tres meses en casa con una depresión de caballo, yo, que nunca me había cogido una baja, que disfrutaba con mi trabajo, que echaba horas de más". Es un hombre de 43 años el que habla; casado, con hijos, de alta formación profesional e intelectual, cuya vida se ha convertido en un infierno para los suyos y eso que ya va sacando la cabeza.
El día que se levantó y vio que su cabeza no le permitía ir al trabajo se fue al médico. "Rompí todas las estadísticas de tiempo de atención a un paciente. Lloré y lloré. Iba buscando ayuda, pero me dio la baja, lo entendió perfectamente. Me dijo que no estaba enfermo, que tenía un problema de relaciones humanas que solo se acabaría cuando concluyera el tormento".
Este hombre es funcionario en un Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid. Un día cambió el equipo de Gobierno y él sobraba. Por si algo faltaba, protestó por unas plazas que se sacaron de forma irregular y que hubo que retirar. "Me trasladaron de edificio, me quitaron todas mis funciones, me encargaban cosas absurdas, me instalaron detrás de una columna y de un armario, no se me veía. Estaba solo, solo".
Pero lo que le queda, ahora que su caso está todavía pendiente de juicio, es la sensación de que los otros han ganado. "Los demás siguen en su sitio y yo ahora estoy en otra concejalía, tienes sensación de que la impunidad para ellos es absoluta. Sé que si hubiera estado en una empresa privada estaría en la calle. Y mira que me ofrecieron otros puestos para quitarme de en medio, pero no me pareció ético", dice. Al principio acudió al comité de seguridad y salud de su trabajo. "Fue horrible, el acosado parecía el acosador...", recuerda.
Sobre la dificultad de las víctimas para denunciar su padecer tiene algo que decir Gemma Sobrino, profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad Complutense y experta en acoso moral y violencia de género. "Las víctimas, cuando se deciden a dar el paso y contar lo que están sufriendo, se mueven por impulsos, cualquier burocracia puede suponer un obstáculo, es un esfuerzo añadido que puede llevarles a renunciar. Por eso, un buen protocolo para estas situaciones debe permitir que la denuncia sea también oral", dice. Eso es algo de lo que carece el recientemente aprobado por el Gobierno para la Administración General del Estado. Y no es lo único que falta, dice Sobrino. "El protocolo aborda casi de forma exclusiva los casos de acoso descendente, es decir, del superior al subordinado, pero no de los que pueden ocurrir entre compañeros, ni de los subordinados, clientes o pacientes hacia sus superiores, por ejemplo, los trabajadores que no acatan los mandatos del jefe porque no es jefe, sino jefa", explica. "O los profesores que sufren el acoso de los alumnos, o los médicos de los pacientes...".
Sobrino entiende que el hecho de tener un protocolo para la Administración General del Estado es motivo de aplauso, pero cree que este es "demasiado genérico". Julio Fernández Garrido también saluda la llegada de este protocolo y, aunque cree que todo es mejorable, considera que esos casos que deja fuera presentan "una incidencia mucho menor".
Desde el punto de vista sindical, el protocolo también es "insuficiente". "Puede que jurídicamente sirva para proteger al trabajador, sí, pero esto no debe abordarse desde un punto de vista individual, de hechos concretos, porque todos estos procesos responden a problemas de carácter organizativo de las empresas", asegura Pedro Linares, responsable del departamento de Salud Laboral de CC OO. "En el Código Penal existe el delito de riesgo aunque no haya daño". Se refiere a que se puede sancionar a un empresario por no proteger a sus trabajadores con un arnés o con máscaras para evitar inhalaciones peligrosas, por ejemplo. "Claro, eso en el plano psicológico es más difícil, pero tenemos que ir hacia eso, porque hay formas de organización del trabajo que son tóxicas", asegura.
También Fernández Garrido habla de un caldo de cultivo que se da en las empresas, "un escalón previo al maltrato", que tiene que ver con la cultura de "la sobreproducción, las plantillas que se recortan sin bajar la exigencia a los trabajadores que quedan, o subiéndola...". "En ambientes así, los comportamientos depredadores se pueden poner las botas", asegura. Y lanza una última alerta: "Ojo con esas empresas en las que se escucha: 'eso es imposible que ocurra aquí, tal y como somos, con las garantías que tenemos'. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver".

El acoso y la mala organización empresarial

El Gobierno ha definido el acoso moral al trabajador de la Administración Pública en un nuevo protocolo. Constituye acoso cuando se da alguna de estas circunstancias:
- Dejar al trabajador de forma continuada sin ocupación efectiva, o incomunicado, sin causa alguna que lo justifique.
- Dictar órdenes de imposible cumplimiento con los medios que al trabajador se le asignan.
- Ocupación en tareas inútiles o que no tienen valor productivo.
- Adoptar acciones de represalia sobre los trabajadores que han planteado quejas, denuncias o demandas frente a la organización, o frente a los que han colaborado con los reclamantes.
- Insultar o menospreciar repetidamente a un trabajador.
- Reprenderlo reiteradamente delante de otras personas.
Una mala organización laboral puede estar relacionada con el acoso. Estas son algunas claves, según CC OO.
- La falta de definición de los objetivos, autonomía y responsabilidades en el ejercicio de nuestro trabajo y la falta de adecuación de la información que tenemos para hacerlo.
- El diseño de puestos de trabajo que implican un reducido o inexistente margen de decisión y autonomía respecto al contenido y a las condiciones de trabajo.
- La inseguridad en las condiciones de trabajo (temporalidad, distribución irregular de jornada, salario variable).
- La exigencia de hacer tareas que entran en conflicto con las normas y valores profesionales y personales.
- La competitividad como forma de relación entre compañeros frente a potenciar el apoyo y el refuerzo del trabajo.
- El diseño de puestos de trabajo aislados o que imposibilitan la relación con los compañeros.
- La ausencia de capacitación para gestionar personas y de preocupación por la salud y el bienestar en el trabajo de directivos, mandos intermedios y encargados también puede estar relacionada.

lunes, 15 de agosto de 2011


Un 37% más de familias pobres pide la renta básica de inserción

Un 37% más de familias pobres pide la renta básica de inserción

La crisis deja en riesgo de exclusión a 200.000 núcleos familiares - El solicitante ha cambiado: ahora es un desempleado que necesita ayuda para salir a flote

CARMEN MORÁN - Madrid - 15/08/2011
http://www.elpais.com/im/ico_separador_horizontal.gif

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Las rentas básicas de inserción, que cobran aquellas personas que no perciben ningún otro ingreso, han experimentado un gran despegue con la crisis. Si en 2007 apenas se habían incrementado un 0,40% respecto al año anterior, en 2008 ya subieron más de un 10%, y en 2009 el salto fue del 37,3%. A la luz de la información que están ofreciendo algunas comunidades, y de lo que opinan los expertos, no es aventurado calcular que el año pasado la cifra rondara ya las 200.000 familias. Los datos, a los que ha tenido acceso este periódico, son oficiales, es decir, las autonomías los han remitido así al Gobierno, aunque no se han hecho públicos. Lo mismo puede decirse de los números de 2010: el Ministerio de Sanidad y Política Social ya los ha recibido, pero aún no los ha dado a conocer.
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Alrededor de 2 de cada 1.000 personas perciben esta prestación
La paga se otorga una vez agotada toda la red social y económica
Las rentas de inserción, o básicas, las solicita el ciudadano en las oficinas de los servicios sociales públicos cuando no se dispone de ningún otro apoyo económico o se han ido perdiendo los que se tenían: primero el paro y después las demás ayudas que el Gobierno puso en marcha para paliar las consecuencias de la crisis. Los perceptores son familias que están en el umbral de la pobreza o en riesgo de caer en la exclusión. Cuando se llega hasta ahí es que se han agotado todas las redes que paraban la caída: familia, amigos, prestaciones públicas.
Marta, de Zaragoza, elige un nombre ficticio para salvar el estigma de la pobreza y contar que vive con su hija de seis años, a la que el padre dejó un día de pasar el dinero tras el divorcio. Era peluquera, pero la enfermedad se cruzó. Acaban de quitarle un riñón, así que el trabajo se esfumó. Ahora está "contenta", cobra 500 y pico euros y busca un empleo.
Estas pagas, que rondan cuantías de 400 euros, toman un nombre distinto en cada autonomía. Tal variedad nominal es a su vez indicativa de las muchas diferencias que existen entre comunidades en la gestión de esta ayuda. La perciben alrededor de dos de cada 1.000 habitantes, "una cifra muy pobre cuando se conoce que hay colas de gente esperando por ellas y que se está recurriendo a las organizaciones benéficas cuando falta el apoyo público al que deberían tener derecho", critica José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Pero un dato distorsiona esa media: 25,44 personas de cada 1.000 la perciben en el País Vasco. En esta comunidad la Renta de Garantía de Ingreso (RGI) sobrepasa los 600 euros en algunos casos y también son beneficiarios los pensionistas cuyos ingresos son muy escasos. Cuando se trata de familias de tres o más miembros, el monto supera el 150% del salario mínimo interprofesional. Y puede haber complementos para pagar el alquiler de la vivienda. En este momento tienen 53.000 titulares de esta renta, con familia o sin ella, asegura el viceconsejero vasco de Planificación y Empleo, Javier Ruiz.
Pero la gran singularidad del modelo vasco radica en dos factores: que la renta es un derecho garantizado por ley para aquel que cumple los requisitos, y el fuerte vínculo del perceptor con la consecución de un empleo. "Es derecho y deber buscar y lograr un trabajo mientras se cobra esta renta, que en esta comunidad gestiona directamente el Servicio Vasco de Empleo", dice Ruiz.
Empleo y vivienda están considerados por los expertos los dos elementos fundamentales para evitar la exclusión social.
Pero en la mayoría de las comunidades, sin embargo, las rentas cada vez son menos de inserción y más básicas, es decir, su vínculo con el mundo laboral se va hundiendo y emerge apenas una esquelética prestación asistencial, que puede ser tan eterna como la marginación social del beneficiario. "Se están quedando escasas en la cuantía. Y hay disparidad en los requisitos que se piden para percibirlas. Antes de la crisis esta renta la cobraba gente que tenía un perfil difícil para encontrar empleo, pero ahora ha entrado en tromba una capa de población que ha perdido el trabajo y necesita ayuda para volver a encontrarlo y salir a flote. Son dos perfiles bien distintos", explica Ramírez, de la Asociación de Gerentes de Servicios Sociales. "El consenso social existe, todo el mundo está de acuerdo en que estas rentas deben tener una relación directa con el empleo, pero es cierto que hay perfiles que no alcanzan las condiciones que exigiría un empleador. A esta gente cabe exigirle criterios de inserción social, como que tengan a los hijos escolarizados, vacunados, etcétera. Quizá en esos casos la renta puede ser ilimitada. No sería algo tan costoso siempre que se atendiera bien la otra pata, la de los que han de volver al mercado laboral. En estos casos el criterio debe ser la inserción laboral, por encima de cualquier otro", sigue Ramírez. "Y quizá para ellos debería ser una renta temporal, que evite la tentación subsidiaria".
Marta sabe que debe buscar trabajo, y que ha de encontrarlo, porque su madre ya la ayudó cuanto pudo. "Esta paga no es para siempre. Además, si no lo encuentro tendría que vender mi piso o alquilarlo y vivir con mi madre. Y las dos estamos ya acostumbradas a vivir solas", se ríe.
En el País Vasco hay convenios con empresas de empleo experimental, de empleo protegido y programas de contratación preferente para perceptores de la renta de garantía de ingresos. Se trataría con ello de rescatar a aquellos cuyo perfil no está ligado por completo a la exclusión, pero no a los que tienen facilidades para encontrar trabajo en cuanto la economía se enderece un poco. "Algunos no lo conseguirán nunca, pero no solo hay que atender a los que están preparados para lograrlo. Si algo justifica la existencia de servicios sociales públicos es la atención a colectivos en riesgo, pero que presentan habilidades personales y motivación", dice Ruiz.
José Manuel Ramírez hace hincapié además en que no se debe olvidar la inserción social, es decir, acompañar estas rentas con los mecanismos necesarios para situar a esas personas, de nuevo, dentro de los márgenes sociales. Los expertos mantienen que la renta mínima debe preservarse y en su mayoría rechazan las formas cómo la Generalitat de Cataluña ha intentado cambiar la forma de hacer efectivos los pagos con el argumento de intentar combatir el fraude.

Mínimo común para la paga mínima

La renta básica no es, a priori, un derecho del ciudadano que el Estado tenga, por tanto, la obligación de proveer. Por eso su concesión está sujeta a la disponibilidad de dinero por parte de las Administraciones. Y en la actual situación de crisis, con las arcas públicas casi vacías, eso implica que en muchos de estos casos, hasta miles de ellos, se están derivando sin más a las organizaciones benéficas.
Pero en los últimos años este planteamiento está cambiando. Algunas comunidades autónomas han ido redactando leyes de servicios sociales que mejoran este aspecto. En el caso del País Vasco, por ejemplo, esta renta ya es un derecho. En otros territorios iban camino de ello, pero la crisis se ha cruzado en su implantación y no se han desarrollado las leyes.
El reto, dicen los expertos, es una ley estatal, un marco general que ponga unos mínimos comunes en este panorama. "Si el Estado es quien fija la cuantía que se percibe como salario mínimo interprofesional, también debería fijar la renta para toda España, al menos el suelo, sin perjuicio de que las comunidades las aumenten", señala Patrocinio de las Heras, que fue una de las responsables de la política social en los ochenta, cuando se pusieron las bases del cuarto pilar del Estado de Bienestar, los servicios sociales tal cual se conocen ahora. Y no solo con la cuantía han de establecerse unos mínimos comunes, también con los requisitos para acceder a estas rentas, dicen los expertos. Pero para esto es necesario que se libre un dinero a las comunidades, si no, ninguna querrá entrar en el asunto, sostienen. Pero ahora, cuando más atención necesitan las políticas sociales, más paradas están las reflexiones y la tijera está haciendo de las suyas. La red europea contra la pobreza (EAPN, en sus siglas inglesas) en la que participan delegaciones de unos 30 países, ya ha dado la voz de alarma. En su última reunión en Lisboa, en junio, redactaron un manifiesto donde se pide a los Estados que "obliguen a los bancos a asumir su parte del desastre y se introduzcan impuestos sobre las transaciones financieras para financiar la inversión social".
Y recuerdan la necesidad de establecer una renta mínima adecuada en el marco europeo. Parecidas reflexiones se recogen en el manifiesto de los trabajadores sociales firmado en mayo en Zaragoza.

Un 37% más de familias pobres pide la renta básica de inserción


Un 37% más de familias pobres pide la renta básica de inserción

Un 37% más de familias pobres pide la renta básica de inserción

La crisis deja en riesgo de exclusión a 200.000 núcleos familiares - El solicitante ha cambiado: ahora es un desempleado que necesita ayuda para salir a flote

CARMEN MORÁN - Madrid - 15/08/2011
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Las rentas básicas de inserción, que cobran aquellas personas que no perciben ningún otro ingreso, han experimentado un gran despegue con la crisis. Si en 2007 apenas se habían incrementado un 0,40% respecto al año anterior, en 2008 ya subieron más de un 10%, y en 2009 el salto fue del 37,3%. A la luz de la información que están ofreciendo algunas comunidades, y de lo que opinan los expertos, no es aventurado calcular que el año pasado la cifra rondara ya las 200.000 familias. Los datos, a los que ha tenido acceso este periódico, son oficiales, es decir, las autonomías los han remitido así al Gobierno, aunque no se han hecho públicos. Lo mismo puede decirse de los números de 2010: el Ministerio de Sanidad y Política Social ya los ha recibido, pero aún no los ha dado a conocer.
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Alrededor de 2 de cada 1.000 personas perciben esta prestación
La paga se otorga una vez agotada toda la red social y económica
Las rentas de inserción, o básicas, las solicita el ciudadano en las oficinas de los servicios sociales públicos cuando no se dispone de ningún otro apoyo económico o se han ido perdiendo los que se tenían: primero el paro y después las demás ayudas que el Gobierno puso en marcha para paliar las consecuencias de la crisis. Los perceptores son familias que están en el umbral de la pobreza o en riesgo de caer en la exclusión. Cuando se llega hasta ahí es que se han agotado todas las redes que paraban la caída: familia, amigos, prestaciones públicas.
Marta, de Zaragoza, elige un nombre ficticio para salvar el estigma de la pobreza y contar que vive con su hija de seis años, a la que el padre dejó un día de pasar el dinero tras el divorcio. Era peluquera, pero la enfermedad se cruzó. Acaban de quitarle un riñón, así que el trabajo se esfumó. Ahora está "contenta", cobra 500 y pico euros y busca un empleo.
Estas pagas, que rondan cuantías de 400 euros, toman un nombre distinto en cada autonomía. Tal variedad nominal es a su vez indicativa de las muchas diferencias que existen entre comunidades en la gestión de esta ayuda. La perciben alrededor de dos de cada 1.000 habitantes, "una cifra muy pobre cuando se conoce que hay colas de gente esperando por ellas y que se está recurriendo a las organizaciones benéficas cuando falta el apoyo público al que deberían tener derecho", critica José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Pero un dato distorsiona esa media: 25,44 personas de cada 1.000 la perciben en el País Vasco. En esta comunidad la Renta de Garantía de Ingreso (RGI) sobrepasa los 600 euros en algunos casos y también son beneficiarios los pensionistas cuyos ingresos son muy escasos. Cuando se trata de familias de tres o más miembros, el monto supera el 150% del salario mínimo interprofesional. Y puede haber complementos para pagar el alquiler de la vivienda. En este momento tienen 53.000 titulares de esta renta, con familia o sin ella, asegura el viceconsejero vasco de Planificación y Empleo, Javier Ruiz.
Pero la gran singularidad del modelo vasco radica en dos factores: que la renta es un derecho garantizado por ley para aquel que cumple los requisitos, y el fuerte vínculo del perceptor con la consecución de un empleo. "Es derecho y deber buscar y lograr un trabajo mientras se cobra esta renta, que en esta comunidad gestiona directamente el Servicio Vasco de Empleo", dice Ruiz.
Empleo y vivienda están considerados por los expertos los dos elementos fundamentales para evitar la exclusión social.
Pero en la mayoría de las comunidades, sin embargo, las rentas cada vez son menos de inserción y más básicas, es decir, su vínculo con el mundo laboral se va hundiendo y emerge apenas una esquelética prestación asistencial, que puede ser tan eterna como la marginación social del beneficiario. "Se están quedando escasas en la cuantía. Y hay disparidad en los requisitos que se piden para percibirlas. Antes de la crisis esta renta la cobraba gente que tenía un perfil difícil para encontrar empleo, pero ahora ha entrado en tromba una capa de población que ha perdido el trabajo y necesita ayuda para volver a encontrarlo y salir a flote. Son dos perfiles bien distintos", explica Ramírez, de la Asociación de Gerentes de Servicios Sociales. "El consenso social existe, todo el mundo está de acuerdo en que estas rentas deben tener una relación directa con el empleo, pero es cierto que hay perfiles que no alcanzan las condiciones que exigiría un empleador. A esta gente cabe exigirle criterios de inserción social, como que tengan a los hijos escolarizados, vacunados, etcétera. Quizá en esos casos la renta puede ser ilimitada. No sería algo tan costoso siempre que se atendiera bien la otra pata, la de los que han de volver al mercado laboral. En estos casos el criterio debe ser la inserción laboral, por encima de cualquier otro", sigue Ramírez. "Y quizá para ellos debería ser una renta temporal, que evite la tentación subsidiaria".
Marta sabe que debe buscar trabajo, y que ha de encontrarlo, porque su madre ya la ayudó cuanto pudo. "Esta paga no es para siempre. Además, si no lo encuentro tendría que vender mi piso o alquilarlo y vivir con mi madre. Y las dos estamos ya acostumbradas a vivir solas", se ríe.
En el País Vasco hay convenios con empresas de empleo experimental, de empleo protegido y programas de contratación preferente para perceptores de la renta de garantía de ingresos. Se trataría con ello de rescatar a aquellos cuyo perfil no está ligado por completo a la exclusión, pero no a los que tienen facilidades para encontrar trabajo en cuanto la economía se enderece un poco. "Algunos no lo conseguirán nunca, pero no solo hay que atender a los que están preparados para lograrlo. Si algo justifica la existencia de servicios sociales públicos es la atención a colectivos en riesgo, pero que presentan habilidades personales y motivación", dice Ruiz.
José Manuel Ramírez hace hincapié además en que no se debe olvidar la inserción social, es decir, acompañar estas rentas con los mecanismos necesarios para situar a esas personas, de nuevo, dentro de los márgenes sociales. Los expertos mantienen que la renta mínima debe preservarse y en su mayoría rechazan las formas cómo la Generalitat de Cataluña ha intentado cambiar la forma de hacer efectivos los pagos con el argumento de intentar combatir el fraude.

Mínimo común para la paga mínima

La renta básica no es, a priori, un derecho del ciudadano que el Estado tenga, por tanto, la obligación de proveer. Por eso su concesión está sujeta a la disponibilidad de dinero por parte de las Administraciones. Y en la actual situación de crisis, con las arcas públicas casi vacías, eso implica que en muchos de estos casos, hasta miles de ellos, se están derivando sin más a las organizaciones benéficas.
Pero en los últimos años este planteamiento está cambiando. Algunas comunidades autónomas han ido redactando leyes de servicios sociales que mejoran este aspecto. En el caso del País Vasco, por ejemplo, esta renta ya es un derecho. En otros territorios iban camino de ello, pero la crisis se ha cruzado en su implantación y no se han desarrollado las leyes.
El reto, dicen los expertos, es una ley estatal, un marco general que ponga unos mínimos comunes en este panorama. "Si el Estado es quien fija la cuantía que se percibe como salario mínimo interprofesional, también debería fijar la renta para toda España, al menos el suelo, sin perjuicio de que las comunidades las aumenten", señala Patrocinio de las Heras, que fue una de las responsables de la política social en los ochenta, cuando se pusieron las bases del cuarto pilar del Estado de Bienestar, los servicios sociales tal cual se conocen ahora. Y no solo con la cuantía han de establecerse unos mínimos comunes, también con los requisitos para acceder a estas rentas, dicen los expertos. Pero para esto es necesario que se libre un dinero a las comunidades, si no, ninguna querrá entrar en el asunto, sostienen. Pero ahora, cuando más atención necesitan las políticas sociales, más paradas están las reflexiones y la tijera está haciendo de las suyas. La red europea contra la pobreza (EAPN, en sus siglas inglesas) en la que participan delegaciones de unos 30 países, ya ha dado la voz de alarma. En su última reunión en Lisboa, en junio, redactaron un manifiesto donde se pide a los Estados que "obliguen a los bancos a asumir su parte del desastre y se introduzcan impuestos sobre las transaciones financieras para financiar la inversión social".
Y recuerdan la necesidad de establecer una renta mínima adecuada en el marco europeo. Parecidas reflexiones se recogen en el manifiesto de los trabajadores sociales firmado en mayo en Zaragoza.

Un 37% más de familias pobres pide la renta básica de inserción


Un 37% más de familias pobres pide la renta básica de inserción

La crisis deja en riesgo de exclusión a 200.000 núcleos familiares - El solicitante ha cambiado: ahora es un desempleado que necesita ayuda para salir a flote

CARMEN MORÁN - Madrid - 15/08/2011
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Las rentas básicas de inserción, que cobran aquellas personas que no perciben ningún otro ingreso, han experimentado un gran despegue con la crisis. Si en 2007 apenas se habían incrementado un 0,40% respecto al año anterior, en 2008 ya subieron más de un 10%, y en 2009 el salto fue del 37,3%. A la luz de la información que están ofreciendo algunas comunidades, y de lo que opinan los expertos, no es aventurado calcular que el año pasado la cifra rondara ya las 200.000 familias. Los datos, a los que ha tenido acceso este periódico, son oficiales, es decir, las autonomías los han remitido así al Gobierno, aunque no se han hecho públicos. Lo mismo puede decirse de los números de 2010: el Ministerio de Sanidad y Política Social ya los ha recibido, pero aún no los ha dado a conocer.
Alrededor de 2 de cada 1.000 personas perciben esta prestación
La paga se otorga una vez agotada toda la red social y económica
Las rentas de inserción, o básicas, las solicita el ciudadano en las oficinas de los servicios sociales públicos cuando no se dispone de ningún otro apoyo económico o se han ido perdiendo los que se tenían: primero el paro y después las demás ayudas que el Gobierno puso en marcha para paliar las consecuencias de la crisis. Los perceptores son familias que están en el umbral de la pobreza o en riesgo de caer en la exclusión. Cuando se llega hasta ahí es que se han agotado todas las redes que paraban la caída: familia, amigos, prestaciones públicas.
Marta, de Zaragoza, elige un nombre ficticio para salvar el estigma de la pobreza y contar que vive con su hija de seis años, a la que el padre dejó un día de pasar el dinero tras el divorcio. Era peluquera, pero la enfermedad se cruzó. Acaban de quitarle un riñón, así que el trabajo se esfumó. Ahora está "contenta", cobra 500 y pico euros y busca un empleo.
Estas pagas, que rondan cuantías de 400 euros, toman un nombre distinto en cada autonomía. Tal variedad nominal es a su vez indicativa de las muchas diferencias que existen entre comunidades en la gestión de esta ayuda. La perciben alrededor de dos de cada 1.000 habitantes, "una cifra muy pobre cuando se conoce que hay colas de gente esperando por ellas y que se está recurriendo a las organizaciones benéficas cuando falta el apoyo público al que deberían tener derecho", critica José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Pero un dato distorsiona esa media: 25,44 personas de cada 1.000 la perciben en el País Vasco. En esta comunidad la Renta de Garantía de Ingreso (RGI) sobrepasa los 600 euros en algunos casos y también son beneficiarios los pensionistas cuyos ingresos son muy escasos. Cuando se trata de familias de tres o más miembros, el monto supera el 150% del salario mínimo interprofesional. Y puede haber complementos para pagar el alquiler de la vivienda. En este momento tienen 53.000 titulares de esta renta, con familia o sin ella, asegura el viceconsejero vasco de Planificación y Empleo, Javier Ruiz.
Pero la gran singularidad del modelo vasco radica en dos factores: que la renta es un derecho garantizado por ley para aquel que cumple los requisitos, y el fuerte vínculo del perceptor con la consecución de un empleo. "Es derecho y deber buscar y lograr un trabajo mientras se cobra esta renta, que en esta comunidad gestiona directamente el Servicio Vasco de Empleo", dice Ruiz.
Empleo y vivienda están considerados por los expertos los dos elementos fundamentales para evitar la exclusión social.
Pero en la mayoría de las comunidades, sin embargo, las rentas cada vez son menos de inserción y más básicas, es decir, su vínculo con el mundo laboral se va hundiendo y emerge apenas una esquelética prestación asistencial, que puede ser tan eterna como la marginación social del beneficiario. "Se están quedando escasas en la cuantía. Y hay disparidad en los requisitos que se piden para percibirlas. Antes de la crisis esta renta la cobraba gente que tenía un perfil difícil para encontrar empleo, pero ahora ha entrado en tromba una capa de población que ha perdido el trabajo y necesita ayuda para volver a encontrarlo y salir a flote. Son dos perfiles bien distintos", explica Ramírez, de la Asociación de Gerentes de Servicios Sociales. "El consenso social existe, todo el mundo está de acuerdo en que estas rentas deben tener una relación directa con el empleo, pero es cierto que hay perfiles que no alcanzan las condiciones que exigiría un empleador. A esta gente cabe exigirle criterios de inserción social, como que tengan a los hijos escolarizados, vacunados, etcétera. Quizá en esos casos la renta puede ser ilimitada. No sería algo tan costoso siempre que se atendiera bien la otra pata, la de los que han de volver al mercado laboral. En estos casos el criterio debe ser la inserción laboral, por encima de cualquier otro", sigue Ramírez. "Y quizá para ellos debería ser una renta temporal, que evite la tentación subsidiaria".
Marta sabe que debe buscar trabajo, y que ha de encontrarlo, porque su madre ya la ayudó cuanto pudo. "Esta paga no es para siempre. Además, si no lo encuentro tendría que vender mi piso o alquilarlo y vivir con mi madre. Y las dos estamos ya acostumbradas a vivir solas", se ríe.
En el País Vasco hay convenios con empresas de empleo experimental, de empleo protegido y programas de contratación preferente para perceptores de la renta de garantía de ingresos. Se trataría con ello de rescatar a aquellos cuyo perfil no está ligado por completo a la exclusión, pero no a los que tienen facilidades para encontrar trabajo en cuanto la economía se enderece un poco. "Algunos no lo conseguirán nunca, pero no solo hay que atender a los que están preparados para lograrlo. Si algo justifica la existencia de servicios sociales públicos es la atención a colectivos en riesgo, pero que presentan habilidades personales y motivación", dice Ruiz.
José Manuel Ramírez hace hincapié además en que no se debe olvidar la inserción social, es decir, acompañar estas rentas con los mecanismos necesarios para situar a esas personas, de nuevo, dentro de los márgenes sociales. Los expertos mantienen que la renta mínima debe preservarse y en su mayoría rechazan las formas cómo la Generalitat de Cataluña ha intentado cambiar la forma de hacer efectivos los pagos con el argumento de intentar combatir el fraude.

Mínimo común para la paga mínima

La renta básica no es, a priori, un derecho del ciudadano que el Estado tenga, por tanto, la obligación de proveer. Por eso su concesión está sujeta a la disponibilidad de dinero por parte de las Administraciones. Y en la actual situación de crisis, con las arcas públicas casi vacías, eso implica que en muchos de estos casos, hasta miles de ellos, se están derivando sin más a las organizaciones benéficas.
Pero en los últimos años este planteamiento está cambiando. Algunas comunidades autónomas han ido redactando leyes de servicios sociales que mejoran este aspecto. En el caso del País Vasco, por ejemplo, esta renta ya es un derecho. En otros territorios iban camino de ello, pero la crisis se ha cruzado en su implantación y no se han desarrollado las leyes.
El reto, dicen los expertos, es una ley estatal, un marco general que ponga unos mínimos comunes en este panorama. "Si el Estado es quien fija la cuantía que se percibe como salario mínimo interprofesional, también debería fijar la renta para toda España, al menos el suelo, sin perjuicio de que las comunidades las aumenten", señala Patrocinio de las Heras, que fue una de las responsables de la política social en los ochenta, cuando se pusieron las bases del cuarto pilar del Estado de Bienestar, los servicios sociales tal cual se conocen ahora. Y no solo con la cuantía han de establecerse unos mínimos comunes, también con los requisitos para acceder a estas rentas, dicen los expertos. Pero para esto es necesario que se libre un dinero a las comunidades, si no, ninguna querrá entrar en el asunto, sostienen. Pero ahora, cuando más atención necesitan las políticas sociales, más paradas están las reflexiones y la tijera está haciendo de las suyas. La red europea contra la pobreza (EAPN, en sus siglas inglesas) en la que participan delegaciones de unos 30 países, ya ha dado la voz de alarma. En su última reunión en Lisboa, en junio, redactaron un manifiesto donde se pide a los Estados que "obliguen a los bancos a asumir su parte del desastre y se introduzcan impuestos sobre las transaciones financieras para financiar la inversión social".
Y recuerdan la necesidad de establecer una renta mínima adecuada en el marco europeo. Parecidas reflexiones se recogen en el manifiesto de los trabajadores sociales firmado en mayo en Zaragoza.