De los 730 casos que hay en los juzgados sobre corrupción 264 corresponden a dirigentes del PSOE y 200 del PP

Miguel Angel Ordóñez recoge en su libro los pormenores secretos y claves del escándalo de corrupción más sonado de la democracia.
De los 730 casos que hay en los juzgados sobre corrupción 264 corresponden a dirigentes del PSOE y 200 del PP
La cleptocracia nacional
Transversalidad política, dispersión territorial, transfuguismo e impunidad electoral, claves de la 'epidemia moral'

Redacción, 10 de octubre de 2010 a las 10:36
Gil pagó comisiones millonarias a personajes del entorno del PSOE andaluz y de la Junta de Andalucía, y guardó copias de los cheques, que sacó a la luz cuando los delitos habían prescrito
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Roca, Camacho, Alavedra, Torrejón y Correa.


El juicio oral de la «Operación Malaya», con su alharaca mediática populista y su circo de personajes de la telebasura, ha devuelto al primer plano de la actualidad española el problema de la corrupción, amplificado con los ribetes cuasi folclóricos de un morboso carrusel de celebridades del cotilleo.

Los protagonistas del escándalo marbellí, una vistosa cuerda de presos vinculados a los manejos tardíos del gilismo, representan la cara paroxística, a menudo esperpéntica, de una epidemia moral incubada en los entresijos de nuestra sociedad política, y que afecta de manera transversal a las estructuras locales y regionales de la mayoría -por no decir la totalidad- de los partidos que forman parte del sistema.

Subraya Ignacio Camacho en ABC que la corrupción de Marbella durante los penúltimos quince años posee una singularidad que la distingue del resto de episodios delictivos que salpican la geografía política española: fue perpetrada por un grupo de outsiders al margen de la partitocracia convencional.

Pero es en los partidos políticos y en muchos de los que tienen en la política su oficio y beneficio, donde germina el mal.



EL CÁNCER DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

De los 730 casos judiciales abiertos hasta noviembre de 2009, más de la mitad (464) corresponden a dirigentes del Partido socialista (264) y del Partido Popular (200), mientras el resto se reparten entre otras fuerzas políticas en equitativa proporción con su implantación electoral.

La extensión de la enfermedad moral parece haber inoculado una suerte de vacuna política, de tal modo que los escándalos no castigan a los partidos porque sus simpatizantes tienden a exculpar responsabilidades en la propia extensión del mal.

El efecto perverso de esta normalización es, pese a su impunidad electoral, el declive del prestigio de la clase política, considerada sospechosa en su conjunto, y muy especialmente la del ámbito local; las concejalías de urbanismo se han convertido en el epítome simbólico del pantano de corrupción en que se hallan sumergidos los escalones más bajos de la Administración del Estado.

Ésta es, junto a la dispersión geográfica y política, la otra característica esencial de la corrupción contemporánea, minimizada por los partidos pese a la evidencia de su alto contagio: casi un 10 por 100 de los municipios ha registrado alguna denuncia con intervención judicial.

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