La dimensión de la economía sumergida en la Unión Europea es de 2.260.000 millones, lo que equivale al 22,1% de su actividad total, mientras que en el caso de España es del 22,5%, es decir, un total de 240.000 millones de euros, lo que supone dejar de recaudar 72.000 millones de euros, según se desprende del informe «Closing The European Tax Gap» elaborado por el instituto «Tax Research» de Reino Unido para el grupo de los socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo.
Este informe calcula la dimensión de la economía sumergida y su repercusión en materia recaudatoria, así como la de las prácticas de evasión fiscal de las empresas. Así, la existencia de esta economía sumergida provoca que se dejen de recaudar impuestos en el conjunto de la UE por un total de 865.000 millones de euros cada año, que equivalen al 17,6% del gasto público. A ellos hay que añadir 150.000 millones por la evasión fiscal de las empresas, lo que supone, en total, un trillón de euros anuales.
La economía sumergida representa el 70% del gasto sanitario en España y el 105Ž8% en la UE. Esta pérdida de recaudación es cuatro veces superior en el caso del gasto educativo.
Los datos analizados demuestran, además, que no existe ninguna relación entre la presión fiscal y el tamaño de la economía sumergida, por lo que «“aumentar los impuestos no incrementa el fraude»”, según declaró el portavoz de Unión Europea del PSOE, Juan Moscoso del Prado.
Según el estudio, si se consiguiera acabar con la economía sumergida se contribuiría a estabilizar los mercados financieros, permitiría que la UE invirtiera un 3,5% del PIB en I+D+i, frente al 2,7% actual y aumentarían los recursos públicos, reduciendo los recortes actuales en educación o sanidad. El informe calcula la posibilidad de eliminar la deuda pública en 8,8 años.
En relación a la evasión fiscal, los socialistas europeos proponen un plan para reducirla a la mitad en 2020 basado en cinco medidas: reformar las normas de contabilidad corporativa, reforzar el alcance de la directiva de la UE sobre ahorro, establecer una base común consolidada para el impuesto de sociedades, aumentar el seguimiento de las empresas transfronterizas y mejorar los registros de las empresas.
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