ED//José Antonio Zarzalejos:Un Kosovo para España

ED//José Antonio Zarzalejos:Un Kosovo para España
Hay nacionalistas vascos incrustados en la clase dirigente política y social del País Vasco que fabulan con la posibilidad de que Euskadi pueda convertirse en una suerte de nuevo Kosovo. El proyecto de ley aprobado campanudamente por el Gobierno tripartito vasco, ayer en una sesión extraordinaria, responde a esa ensoñación independentista que es profundamente perversa desde el punto de vista ético y político.

Lo es éticamente porque la primera pregunta que en un futuro e improbable referéndum se plantea -inseparable de la segunda- resulta una denigración a la moral colectiva de la sociedad vasca. Interrogarla sobre si "está de acuerdo en apoyar un proceso de final dialogado de la violencia si previamente ETA manifiesta su voluntad inequívoca de poner fin a la misma de una vez y para siempre" es, literalmente, una indecencia. Porque las equivalencias en el lenguaje son las siguientes: "fin dialogado" se corresponde con "negociación política", y "voluntad inequívoca de dejar las armas" remite a una mera declaración de intenciones y no a una exigencia imperativa y perentoria. Esta pregunta tiene un doble objetivo: a) eludir una condena a la banda terrorista que permita al Partido Comunista de las Tierras Vascas apoyar el proyecto de ley, y b) legitimar a ETA haciéndola titular de un derecho a "un final dialogado", es decir, no policial ni judicial, sino político e impune.

La segunda pregunta del fantasmal referéndum que pretende Ibarretxe es igualmente perversa porque interroga al ciudadano acerca de si "está de acuerdo en que los partidos políticos vascos, sin exclusiones, inicien un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco y que dicho acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice 2010". La redacción de esta cuestión está repleta de trampas que son, sucesivamente, las siguientes: a) se vincula a la primera pregunta de tal manera que la legitimación de ETA es el presupuesto de un acuerdo democrático; b) al no establecer "exclusiones" en esa negociación se está incluyendo a la izquierda proetarra, entorno colaborador e ilegalizado en buena medida de la banda criminal; c) el denominado "derecho a decidir" es una entelequia, o un eufemismo, que embosca la auténtica cuestión que se somete al ciudadano, que es la secesión, y d) el referéndum de ratificación de ese acuerdo -como el que se pretende celebrar el 26 de octubre próximo- escapa a las competencias de quién lo propone -el Gobierno vasco y el Parlamento autonómico-, porque sólo el Estado puede convocarlo.

Esta perversión ética del montaje secesionista -porque se juega con la violencia como una baza ventajista y se miente a los ciudadanos- lo es también política porque el propósito de esta iniciativa no es otro que quebrar el concepto de la soberanía, que es el poder decisorio colectivo último que reside en el conjunto del pueblo español del que emanan todas las facultades del Estado. La soberanía no puede ejercerse parcialmente por una comunidad -nacionalidad o región-, porque si tal sucediese se entraría en un proceso de disolución doble: del propio Estado y de su basamento histórico y cultural que es la nación española "única e indivisible" también por mandato constitucional. La perversión política aquí -descontada ya la ética- es que la división es regresiva respecto de la unidad y que la arrogación de prerrogativas y competencias por un Gobierno autonómico es abiertamente subversiva y desleal, calificaciones de naturaleza constitucional que podrían -y acaso deberían- llevar a la suspensión de la autonomía vasca en tanto en cuanto su Gobierno no recondujese a los márgenes de sus facultades sus decisiones de iniciativa legislativa.

En el mundo occidental se habla -lo hacen los politólogos- de entidades subestatales que no requieren del ejercicio de la autodeterminación para el desarrollo de su plena identidad y realización colectiva. Es el caso de las nacionalidades en España; del sistema de articulación de la región de Quebec con Canadá; del conjunto de poderes que el Reino Unido ha devuelto a Escocia y del modelo regional italiano. Los demás sistemas son federales o confederales. El nuestro es unitario y autonómico que compatibiliza -de manera ambigua pero original- la unidad y la pluralidad pero manteniendo incólume la soberanía -que es la quilla del barco del Estado, según metáfora ya clásica de Bodino- y garantiza la ciudadanía, es decir, el conjunto de derechos, libertades, deberes y obligaciones de los españoles bajo el principio de igualdad.

Pues bien: todo este patrimonio jurídico, político, histórico, cultural y económico -además de moral- es el que subvierte el proyecto de ley del Gobierno vasco que se ampara en la coartada del "fin dialogado" de la violencia terrorista. Se trata de la invención de un Kosovo-Euskadi en una Serbia-España. Se trata de un plan diabólico que se creyó extirpado cuando se rechazó el llamado "Plan Ibarretxe" que aprobó el Parlamento vasco el 30 de diciembre del 2004. Se ve que aquella cirugía no fue terapéuticamente decisiva. Ahora habrá que volver a introducir el bisturí, extraer la "hoja de ruta" del aventado presidente del Gobierno vasco y situar en el lugar que corresponde -en la ilegalidad subversiva- a un nacionalismo vasco que, una vez más en su trayectoria histórica, se ha comportado con deslealtad constitucional y estatutaria y, a fin de cuentas, se ha situado del lado de los intereses de los que vienen asesinando por ese Kosovo-Euskadi sabiniano desde hace ya cuatro largas y sangrientas décadas. Es el momento del no más terminante y rotundo.