lunes, 16 de junio de 2008

Cada español dedica 142 días de trabajo al año a pagar impuestos - Libertad Digital - Economia

Cada español dedica 142 días de trabajo al año a pagar impuestos - Libertad Digital - Economia
EL ESTADO SE COME TODO EL SALARIO HASTA EL 22 DE MAYO
Cada español dedica 142 días de trabajo al año a pagar impuestosSegún la calculadora fiscal de la Institución Futuro, cada contribuyente trabaja exclusivamente 142 días para el Estado. En concreto, los impuestos engullen hasta el 22 de mayo la totalidad de los ingresos de los trabajadores. Pese a ello, el cálculo excluye parte de las cotizaciones a la Seguridad Social, con lo que el porcentaje de ingresos que engulle la presión fiscal es, en realidad, mucho mayor.


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LD (M. Llamas) Si tenemos en cuenta todo lo que pagamos los españoles en impuestos, entre la renta (IRPF), Impuesto de Sociedades, los impuestos indirectos, o la Seguridad Social, entre muchos otros, ¿cuántos días de trabajo se dedican sólo a pagar las cargas fiscales?

Según la calculadora fiscal elaborada por Institución Futuro (IF), los españoles trabajan para el Estado hasta el 22 de mayo. Es decir, los impuestos que aplica el Gobierno engullen de media 142 días de jornada laboral. De este modo, en lo que va de año, el contribuyente medio tan sólo ha trabajado 25 días en beneficio propio, puesto que el resto de sus ingresos han acabado en manos de Hacienda.

El 22 de mayo es “el día de la libertad fiscal para los españoles, a partir del cual ya podemos decir que trabajamos para nosotros mismos”, según este organismo. Pese a ello, el cálculo del IF excluye la cotización a la Seguridad Social que abona la empresa, con lo que el porcentaje de ingresos que engulle la presión fiscal es mucho mayor.

El país en que sus ciudadanos se libran antes de los impuestos es Eslovaquia, que están trabajando para el Estado hasta el 16 de abril, por lo que alcanzan la “libertad fiscal” al día siguiente, el 17. Los países bálticos, mas Rumanía e Irlanda, le siguen entre los que tienen una fiscalidad menos voraz. En el extremo opuesto están Suecia y Dinamarca, donde sus ciudadanos no pueden trabajar para sí mismos hasta los días 26 y 30 de junio, respectivamente.

Eslovaquia aplica la fiscalidad menos voraz de la UE 27

España ocupa una posición media, ya que los españoles trabajan para el Estado hasta el 21 de mayo, mientras que la media de la Europa de los 27 se retrasa hasta el 28 del mismo mes. Los ciudadanos británicos obtienen su “libertad fiscal” el 17 de mayo, Alemania el 28, Italia el 7 de junio y Francia el 14 de ese mes. La presión fiscal se calcula comparando los ingresos tributarios con el Producto Interior Bruto (PIB).

Todos estos datos están recogidos en la web diadelcontribuyente.org. En España, el Día del Contribuyente ha tenido una tendencia ascendente en los últimos seis años. Así, si en el 2002 la "libertad fiscal" se celebró el 5 de mayo, en el 2007 se necesitaban 16 días más para que la sociedad española cumpla con sus obligaciones tributarias, posponiéndose dicha fecha hasta el 21 de mayo.

Los datos internacionales sobre el Día del Contribuyente o día de la liberación fiscal ofrecen algunas pinceladas sobre dónde se sitúa España (y también Navarra, con un sistema tributario foral) en el contexto europeo. La presión fiscal en la Unión Europea (UE-27) es 4,67 puntos superior a la española, de modo que el Día del Contribuyente se celebra siete días más tarde que en España, el 28 de mayo.




El primer país europeo en librarse de los impuestos es Eslovaquia (16 de abril). Le siguen los países bálticos, Rumanía e Irlanda, que celebran su día en la segunda quincena del mes de abril. En ese mismo grupo se coloca Navarra, que celebra su Día del Contribuyente diez días más tarde que Eslovaquia (26 de abril). “Su reducido tamaño y el alto nivel de PIB son los principales factores que determinan esta posición privilegiada, entre los países con reducida presión fiscal”, según el IF.

En el mismo mes de mayo, pero en la segunda quincena, el Día del Contribuyente llega a Luxemburgo, Reino Unido, Portugal, Eslovenia, Hungría, Holanda, Alemania y España. Los menos afortunados son los chipriotas, finlandeses, austriacos, noruegos, italianos, franceses y belgas, que tienen que esperar hasta la primera quincena de junio para librarse de sus obligaciones tributarias.

Suecia y Dinamarca son los últimos países de la lista, ya que celebran su Día del Contribuyente a finales del mes de junio. En cuanto a la evolución de la presión fiscal, en los últimos doce años, 7 países han reducido su presión fiscal de forma representativa: Entre un 27,3% en Eslovaquia y un 4,16% en Eslovenia. Entre ellos, se encuentran también Estonia, Bulgaria, Finlandia y Letonia.




Por otra parte, otros siete países han aumentado su presión fiscal entre un 28,3% y un 5,1% como Malta, Portugal, Grecia, Reino Unido, Lituania, Italia y España. Así, en 1995, la presión fiscal en España alcanzaba el 32,9%, de modo que el Día del Contribuyente llegaba el 30 de abril; pero en los últimos 12 años dicha presión fiscal ha registrado un aumento del 18,1%, lo que hace que en el 2007, la liberación fiscal llegue 21 días más tarde, el 21 de mayo.

España ha aumentado su presión fiscal durante los últimos años

“El motivo por el que algunos países han reducido su presión fiscal mientras que otros la han aumentado no es necesariamente la reducción de los impuestos. El Día del Contribuyente mide la relación entre el Producto Interior Bruto (PIB) y los ingresos tributarios, por lo que la presión fiscal puede bajar si el PIB crece más deprisa que la recaudación”, advierte el IF.

Por último, el IF ha calculado igualmente el día de la libertad fiscal para Navarra, y es notablemente más favorable, ya que en esta comunidad dejan de trabajar para el Estado a partir del día 27 de abril. De este modo, los navarros necesitan 116,7 días de trabajo para cumplir con las obligaciones tributarias.




En ese año trabajaron 79,8 días para la Administración de la Comunidad Foral, 3,9 días para la Administración Local, 1,6 días para la Administración Central y 31,3 días para la Seguridad Social.

En España se necesitó casi un mes más, hasta el 21 de mayo, para hacer frente a todos los impuestos directos e indirectos, así como a las cotizaciones a la Seguridad Social (142 días).

Mediante esta herramienta, el IF pretende que “los ciudadanos tomen conciencia de que los servicios públicos no son gratuitos, sino que se financian con el dinero de todos los contribuyentes, que son quienes generan riqueza”.

1. Mario Vargas Llosa. El vicio de escribir · ELPAÍS.com

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El empleo público en las comunidades autónomas crece un 29% en sólo tres años - Cotizalia.com

El empleo público en las comunidades autónomas crece un 29El empleo público en las comunidades autónomas crece un 29% en sólo tres años
CCAA, empleo público

@Carlos Sánchez.- - 16/06/2008 06:00h
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La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado (Efe). Terremoto en el volumen y la distribución del empleo público. Los datos que ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que el número de asalariados que trabaja para las comunidades autónomas ha crecido en los últimos tres años un 28,8%. Es decir, dos veces y media más de lo que ha aumentado el empleo asalariado en el conjunto de la actividad económica. En concreto, la población por cuenta ajena al servicio de los gobiernos regionales ha pasado de 1.20 millones a 1,55 millones entre el primer trimestre de 2005 y el mismo periodo de este año, lo que significa, según la Encuesta de Población Activa, que más de la mitad de los 2,87 millones de empleados públicos trabaja ya para los comunidades autónomas.

El crecimiento del empleo autonómico no puede achacarse a la asunción de nuevas competencias. Desde el año 2005 apenas se han aprobado traspasos adicionales, como se pone de manifiesto al comprobar que el empleo público en la Administración Central (que lógicamente deber caer a medida que se ceden competencias) se mantiene prácticamente igual. La plantilla de los servicios centrales del Estado -lo que realmente depende de la Moncloa- ha descendido en 21.000 personas en tres años, lo que representa la existencia de un 4% menos de empleados públicos que los que había en 2005. El empleo en las corporaciones locales (ayuntamientos y diputaciones) ha descendido, igualmente, un 0,9%, lo que significa que las comunidades autónomas, al contrario de lo que ha hecho el resto de las administraciones, se han comportado de una forma abiertamente expansiva en cuanto a política de contrataciones, en particular aquellas con nivel de renta per cápita más bajo respecto de la media del país.

Los datos de la EPA muestran que cuatro de las comunidades más ‘pobres’ -Extremadura, Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha- son, precisamente, las que tienen una nómina más abultada de empleados públicos (incluyendo todas las administraciones). En el conjunto de España, el 14% de los ocupados trabaja para el sector público en cualquiera de sus formas, pero en el caso de Extremadura este porcentaje se eleva al 21,6%. A continuación se sitúa Castilla y León, donde el 15,4% de los que tienen trabajo (tomando como referencia el Boletín de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas) está empleado para el sector público. Tras ellas se sitúan, por este orden, Andalucía y Castilla-la Mancha, con valores próximos al 15%.

El polo opuesto

En el lado contrario, las regiones con menos empleados públicos respecto a la ocupación total son Cataluña (7,9%), Baleares (9,5%) y la Comunidad Valenciana (10,1%), precisamente tres de las regiones con mayor nivel de renta disponible de sus habitantes. El caso de Madrid, donde el 13,2% de sus ocupados trabaja para cualquier de las administraciones es peculiar debido al peso de la capitalidad de la nación.

Si el análisis se hace teniendo en cuenta únicamente el número de empleados públicos que trabaja para el gobierno regional, el resultado es similar. En Extremadura nada menos que el 10,9% de los ocupados trabaja para el Ejecutivo de Mérida, por encima del 7,9% de Castilla-La Mancha y el 7,8% de Castilla y León, en ambos casos muy cerca de Andalucía y Asturias (por encima del 7,5%).

En el lado contrario se sitúan Aragón, Cataluña y Baleares, donde menos del 5% de los ocupados está al servicio de los respectivos gobiernos regionales.

Factores como la inmigración (que influye en la extensión de servicios públicos como la sanidad o la educación), el tamaño del territorio o el envejecimiento de la población pueden explicar las diferencias interregionales en cuanto a las necesidades de plantilla de empleados públicos, pero sólo en parte. En la mayoría de los casos, tiene más que ver el hecho de que en las regiones donde el número de empleados públicos es mayor se ha creado en los últimos años menos puestos de trabajo que en las que tienen un menor número de funcionarios.

Hay que tener en cuenta que desde el primer trimestre de 1996 al cuarto de 2007, el empleo público (incluyendo todas las administraciones) ha crecido un 28,7%, prácticamente la mitad de lo que lo ha hecho el empleo privado, que ha aumentado (datos de la EPA), nada menos que un 56,7%. Por lo tanto, las comunidades autónoma más dinámicas son las que han podido reducir en mayor medida el peso de las plantillas públicas respecto a la ocupación total.

Los datos de la EPA, en cualquier caso, reflejan la existencia de 318.618 empleados públicos más de los que refleja el boletín que semestralmente elabora el Ministerio de Administraciones Públicas. El Instituto Nacional de Estadística refleja 2.873.000 empleados públicos, mientras que el Gobierno reconoce únicamente 2.554.582 trabajadores a su servicio.
% en sólo tres años - Cotizalia.com

domingo, 15 de junio de 2008

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Estar en forma desde casa · ELPAÍS.com

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domingo, 8 de junio de 2008

Sólo Deutsche Telekom se persona en el expediente contra el 'chollo' fiscal de las empresas españolas - Cotizalia.com

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ABC.es: opinion - firmas - Los jueces no tienen vecinos

ABC.es: opinion - firmas - Los jueces no tienen vecinos
POR IGNACIO CAMACHO
LA presidenta del Tribunal Constitucional tenía una vecina que tenía un fontanero que tenía una hija que era amiga de la vecina. La amiga de la vecina tenía otra hija que tenía un padre que tenía un problema con la madre de su hija. La vecina le contó a la presidenta los problemas de su amiga, le pasó un informe y le dio su teléfono. Y sin más cuitas ni preámbulos, la cuarta autoridad del país se leyó los papeles y llamó a la amiga de su vecina para interesarse por su congoja como si en vez de presidir el más alto tribunal de España fuese la encargada de un centro de atención de mujeres maltratadas.
Resultó que la amiga de la vecina tenía un perfil moral dudoso que no venía en los papeles y estaba siendo investigada por inducir el asesinato del padre de su hija. Y que la Guardia Civil escuchaba sus conversaciones telefónicas, en las que de pronto alguien dijo que era María Emilia Casas, la cuarta magistratura del Estado. El respingo del agente de servicio debió ser de aquí te espero; la Guardia Civil está bastante curada de espantos, pero no tiene costumbre de encontrarse a presidentes del Constitucional hablando con sospechosos de asesinato.
Lo mismo le ocurrió a la juez encargada del caso, que decidió remitir las cintas de la bienintencionada charla al Supremo, cuyos jueces no han hallado indicios penales en la conducta de la señora Casas. Un alivio para la moral pública: resulta de lo más tranquilizador saber que la persona que dirige el Constitucional no está involucrada en la pesquisa de un crimen. Pero los magistrados del Supremo no tienen la función de dilucidar si una persona capaz de una conducta tan imprudente y poco sensata está capacitada para presidir el órgano de mayor responsabilidad jurídica de la nación.
Ésa es una decisión que en un sistema de opinión pública corresponde evacuar al conjunto de la sociedad democrática, y desde luego a la propia interesada, de cuya alta competencia cabe presumir el criterio suficiente para saber que se ha quedado en situación poco airosa. En cualquier país razonablemente articulado en su ética civil, la dimisión constituiría un trámite inmediato en un caso semejante. En el nuestro, la higiene democrática resulta un asunto extravagante y secundario frente la correlación de fuerzas y tendencias políticas -¿no estamos hablando de jueces?- ante el pleito del Estatuto de Cataluña.
Pero no es la bilateralidad confederal, ni el rango de nación, ni los presuntos derechos colectivos de las autonomías lo que ha quedado en entredicho, sino la idoneidad de una alta magistrada del Estado capaz de ofrecer su asesoría espontánea a la hija del fontanero de una vecina, esté o no imputada de homicidio inducido. Y si resulta aceptable, admisible o tolerable que le diga sin mayor cautela que la llame «si decide recurrir en amparo». Porque el amparo de un tribunal no se puede administrar por razones de vecindario. Y porque si atiende con tanta solicitud el ruego de una conocida existen razones para temer que escuche en primer tiempo de saludo el de un presidente -o vicepresidenta- del Gobierno.