La liquidación socialista de TVE

José Antonio Zarzalejos - 06/03/2010
Es una auténtica paradoja: un Gobierno socialista pilota una política que va a convertir TVE en algo marginal en beneficio de un previsible duopolio –formado por las concentraciones entre Antena 3 y La Sexta, y Telecinco y Cuatro-, sólo tres años después de haber elaborado una ley (la de 5 de junio de 2006) que, por primera vez, permitía a TVE un alto grado de independencia respecto del Gobierno y que era el resultado del dictamen emitido por un comité de "sabios" con cuyos criterios generales se inspiró la normativa del Ejecutivo.

¿Recuerdan a Fernando Savater, Victoria Camps, Emilio Lledó, Fernando González Urbaneja y Enrique Bustamante que se estrujaron las meninges para ofrecer un esquema de TV pública a Rodríguez Zapatero? Se creó un nuevo modelo y cuando TVE se encontraba en el mejor momento de credibilidad y de programación general –la más digna de todas con esa excepción clamorosa del procaz John Cobra—, la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega, por iniciativa propia o vicaria, y tras opacas reuniones con UTECA, derribó la ley de 2006 y la sustituyó por otra de 28 de agosto de 2009 en la que TVE dejaba desde enero de 2010 de financiarse de forma mixta, es decir, a través de transferencias presupuestarias y publicidad.

Desde el 1 de enero TVE recibe fondos del presupuesto y otros procedentes de las operadoras telefónicas (0,9% de sus ingresos brutos de explotación), de las TV privadas en abierto (3%) y de las TV privadas de pago (el 1,5%), además de otras fuentes menores. Pero en el bienio 2010-2011 TVE tiene un techo de ingresos de 1.500 millones de euros que se incrementará sólo un 1% en el bienio siguiente. Y a partir de 2014, los la facturación aumentará según el IPC.

El 65% de la publicidad que captaba TVE financiará a las privadas
Pero TVE ha liberado para el mercado la muy respetable cantidad de 560 millones de euros que irán a parar, como bien contaba en EC Daniel Toledo el pasado jueves, a Telecinco-Cuatro (116 millones) y a Antena 3- La Sexta (68), es decir, el 65% de la publicidad que captaba TVE financiará a las privadas, un 20% a otros medios y un 15% se diluirá o se perderá. Este sistema de financiación está sometido al análisis de legalidad europea en la UE.

La Unión de Bancos Suizos (UBS) en España ha elaborado este informe que apunta también a un incremento de las tarifas publicitarias por las privadas (entre un 10 y un 20%) y al aumento de su valor en Bolsa. Por si fuera poco, la elaboración de muchos espacios de la programación de TVE se contrata con productoras vinculadas a las televisiones privadas. Precisamente por eso, los trabajadores de la Entidad fueron a la huelga el pasado miércoles.

Las privadas quieren más

Pero ahí no paran las cosas: la ley de agosto de 2009 impone a TVE tales obligaciones de servicio público y tal corsé financiero que su liderazgo actual en audiencia va a ser fugaz. Sencillamente porque no habrá dinero para sostener una programación comercial de calidad que el presidente de UTECA ya ha advertido debe suprimirse en TVE para –a lo que se ve—dedicarse en exclusiva a retransmitir los plenos parlamentarios y a emitir películas descatalogadas, para así no sólo zampar más tarta publicitaria sino impedir que TVE tenga la remota posibilidad de competir en audiencia como viene haciéndolo con notabilísimo éxito.

El Gobierno socialista se ha arrepentido de su medida más sensata de cuantas se habían tomada sobre la TV pública y ha pasado a reducir sus posibilidades financieras de forma drástica, y cebar con los ingresos publicitarios de TVE los ya abundantes de las privadas que, a punto de concentrarse, conformaran un duopolio, y una de las dos empresas será de capital extranjero: Mediaset, propiedad de Silvio Berlusconi.

Con la aprobación del PP, el Gobierno sustituyó al Presidente de la Corporación, Luis Fernández, que obviamente dimitió, nombrando a Alberto Oliart, un político de la Transición y sin otras expectativas que gestionar disciplinadamente las escaseces progresivas de TVE. Ente que también en la primera legislatura socialista y bajo la dirección general de Carmen Cafarell, presentó, y fue aprobado, un abultado y muy generoso ERE que se consideró como la solución a todos los males de la emisora del Estado. ¿Qué ocurrirá ahora con el departamento comercial de TVE? ¿Venderá Oliart, como dice necesitar, los derechos del motociclismo? ¿Fusionará La 2 con Cultural.2?

¿Por qué tantas limitaciones a la programación de la TV pública?
En definitiva: ¿Cuánto tiempo transcurrirá hasta que veamos languidecer irremisiblemente la TV pública en España dejando todo el campo libre a la ya probada deontología y responsabilidad social de las programaciones de algunas privadas en la mente de todos? ¿Repara el Gobierno que al debilitar hasta estos extremos la TV pública y no poner mano sobre las autonómicas –que campan por sus respetos— pierde el Estado otro elemento de cohesión de los que no está sobrado? ¿Cómo compatibiliza el Ejecutivo su socialismo militante con recebar las cuentas de entidades privadas en detrimento de lo que es todavía “un servicio público”? Y en todo caso, ¿por qué tantas limitaciones a la programación de la TV pública? ¿Para, además de ingresos adicionales, trasvasar audiencia a las privadas y completar así el negocio de estas empresas con tan educativas y edificantes programaciones comerciales? ¿Está optando el Gobierno, sin decirlo, por el modelo de audiencia de la TV pública estadounidense (casi inexistente) en vez de hacerlo por la continental europea (potente y con distintas fórmulas de financiación)?

Un fraude político

Lo que ha ocurrido –y lo que va ocurrir con TVE— es un fraude político, no sólo para el electorado socialista, sino para la sociedad española en su conjunto, a la que se priva de un instrumento de culturización, información, programación digna y patrimonio intangible común. Este Gobierno habrá de explicar con pelos y señales por qué en 2006 elaboró un modelo que, además funcionó, y en 2009 lo destruyó en pleno mes de agosto por decreto ley. Es imposible no sospechar segundas y terceras intenciones en la operación que dirigió Teresa Fernández de la Vega al margen y con desprecio de los máximos responsables de TVE que han migrado a compañías privadas porque eran, y lo son, buenos profesionales.

Si esta operación abrupta y sobrevenida termina en la previsible irrelevancia de TVE, la responsabilidad por entero será –otra más— del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Mientras, Feijoo, Camps, Aguirre, Griñán, Montilla, López y Valcárcel siguen con TV autonómicas convertidas la mayoría –todas quizá y de modo inevitable- en terminales gubernamentales y con caño libre de financiación. El Estado como tal queda desapoderado de un instrumento decisivo de nacionalización democrática, mientras que las comunidades autónomas continúan fortaleciéndose, conformándose así un modelo de distribución de poder por completo desequilibrado. Al tiempo, RNE pierde delegaciones territoriales y la agencia EFE (con presencia en decenas de países y que promociona la lengua española) atraviesa por enormes dificultades incardinada en la SEPI.

Silvio Berlusconi será en este país todo un poder fáctico
Conclusión: el denostado –pero a lo que se ve también inteligente— Silvio Berlusconi, la supuesta antítesis de Zapatero, con una previsible cuota de mercado publicitario televisivo para su Telecinco (absorbida Cuatro) del 45%, será en este país todo un poder fáctico y ya sin los muy precarios equilibrios que suponía la presencia de Vocento en el accionariado de la cadena que dirige con mano de hierro Paolo Vasile.

No parecía coherente que el PSOE destruyera –otra cosa era racionalizar— el sistema de medios públicos de comunicación. Hasta eso ha conseguido y no precisamente por ahorro o por convicción, sino por motivos más prosaicos: granjearse apoyos para continuar en el poder. Este socialismo dispone de una capacidad de incoherencia destructiva sobrecogedora. Y el presidente del Gobierno italiano y dueño de Mediaset le ha tomado la medida a Rodríguez Zapatero con la rapidez del rayo. Francia, Reino Unido, la propia Italia, Alemania… por supuesto, tienen fuertes y eficientes televisiones públicas. Y total libertad de expresión. Allí parece que gobierna gente más seria.