Cisma en la Abogacía del Estado por el suspenso a tres opositores ‘copiones’ - Cotizalia.com
Es el tema de conversación de los últimos días. El tribunal examinador de las últimas oposiciones para ingresar en el cuerpo de Abogados del Estado ha dejado fuera de la carrera a tres opositores por posibles irregularidades en la quinta y última prueba del proceso de selección, como consta en el acta entregada a la Abogacía General del Estado, según ha podido confirmar por distintas fuentes este diario.
El pasado 10 de abril se conocieron los resultados. Sólo 12 de los 15 opositores que habían llegado a la última prueba consiguieron aprobar. Tres candidatos se quedaron en el corte del caso práctico de Derecho Público, pero no por falta de rigor jurídico en su razonamiento, sino por todo lo contrario. Su exposición fue tan brillante que despertó las sospechas de los examinadores, que enseguida apreciaron la coincidencia de ambos exámenes entre sí y con la solución del caso original que servía como ejercicio.
La deliberación del Tribunal fue tomada de manera unánime. Los siete integrantes (3 Abogados del Estado, 2 Magistrados, 1 Notario y 1 Catedrático de Derecho) comprobaron cómo durante la lectura de los casos prácticos, previamente desarrollados durante una ejercicio de cerca de 10 horas al que los opositores acuden con la bibliografía permitida, algunos de los opositores repetían con una similitud sospechosa la resolución original.
El documento original –de cerca de 30 páginas- había sido extraído de un informe reciente de la Abogacía General del Estado, cuya temática tiene que ver con los supuestos provocados por un caso de viudedad muy particular. Según fuentes del propio Tribunal, el razonamiento de los opositores suspendidos en algunos momentos “coincide con frases textuales y en todos los casos repite el mismo orden sistemático”, con similitudes literales evidentes.
Frases textuales y mismo orden sistemático
Ante esta situación, el Tribunal llegó a la conclusión de que los tres opositores habían tenido acceso a “material no apropiado” para el desarrollo del caso práctico o que en su defecto habían tenido “conocimiento previo del caso”. De cualquier modo, los examinadores entendieron que no pudieron valorar el razonamiento propio de los aspirantes, ya que reproducían al pie de la letra los principios recogidos en el texto original, y que por lo tanto no contestaban con su “propio criterio”.
A partir estos hechos, hay otros hechos que alimentan las especulaciones. Para empezar, se da la circunstancia de que los tres opositores suspendidos compartían equipo de preparadores, como es habitual también Abogados del Estado. En este caso se trata de Francisco Pérez Crespo-Payá y Antonio Morales, socios de los bufetes Cuatrecasas y Latham & Watkins, respectivamente. Además, entre los tres opositores hay un hijo de un Abogado del Estado en excedencia. ¿Más morbo?
Desde el entorno de los afectados reconocen haber trabajado el sábado anterior al examen con el caso que posteriormente fue objeto de prueba. Sin embargo, rechazan de plano el fallo del Tribunal. En su opinión, la decisión de los examinadores no se sostiene y consideran que no han sido tratados con igualdad, dado que para la preparación trabajaron con un documento público. "Cuando se pone un caso real estás expuesto a que ocurra esto", afirma un interlocutor de los opositores. "Se ha conculcado su presunción de inocencia".
Cargados de estas razones, los tres aspirantes a Abogados del Estado han presentado un recurso de alzada ante el ministro de Justicia para que se revise su suspenso, convirtiéndose por defecto en toda una patata caliente, hasta llegar a la mesa del mismísimo Mariano Fernández Bermejo. El tradicional corporativismo que envuelve al cuerpo de Abogados del Estado se ha resquebrajado por un caso ajeno a la práctica del Derecho y ha dejado en el aire los resultados de la última oposición, donde no han llegado a cubrirse las 22 plazas que salían a concurso.
Los motivos del cate no han tardado en correr de boca en boca. Primero entre el gremio de opositores, para extenderse más tarde entre el selecto cuerpo de Abogados del Estado y luego entre el general de la profesión. Aunque no es la primera vez en la historia de este cuerpo de élite con 150 años de antigüedad, existe un malestar evidente en la dirección de la Abogacía General del Estado que ocupa Joaquín de Fuentes, encargado ahora de instruir la causa e impartir justicia. "El Tribunal ha fallado de forma motivada", explicó ayer martes a este diario. "Ahora hay que valorar si han utilizado material que no debían".
martes, 22 de abril de 2008
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