El número de funcionarios rompe por primera vez la barrera del 20%

@Carlos Sánchez - 03/05/2010

El número de funcionarios rompe por primera vez la barrera del 20%


La crisis no da tregua en términos de desempleo, pero el sector público continúa con su propia inercia al margen de la economía. Hasta el punto de que, por primera vez, el número de trabajadores al servicio de alguna de las administraciones públicas ha roto la barrera del 20% de los asalariados. O dicho con otras palabras. La Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre refleja que 3.088.400 trabajadores están empleados por el Estado, lo que representa, en concreto, el 20,2% de la población ocupada por cuenta ajena.
Esto significa que desde que comenzó la recesión -primer trimestre de 2008- el sector público, incluyendo tanto el administrativo como el empresarial, ha aumentado sus plantillas en 215.200 empleados. En el primer trimestre de este año, incluso, ha crecido en 22.700 empleados, dando lugar al segundo mayor registro de todo los tiempos tras los 3.101.900 trabajadores alcanzados en el tercer trimestre del año pasado. Por el contrario, en el sector privado se ha producido una impresionante caída del empleo, como pone de manifiesto que en apenas dos años la economía española ha destruido nada menos que 1.779.300 puestos de trabajo asalariado.
La explosión del empleo público en los últimos años ha sido, sin embargo, poco homogénea. Y eso explica que en la España de las autonomías convivan regiones, como Extremadura, donde nada menos que el 33,3% de los asalariados trabaja para la Junta; mientras que es Cataluña este porcentaje se reduce al 16,1%. Es decir, menos de la mitad.
El caso extremeño es especialmente significativo debido a que ni siquiera en los años de fuerte expansión económica -2006 o 2007-, el empleo público se ha situado por debajo del 30% de la población asalariada en la región. Esto quiere decir que no se trata de un hecho extraordinario que responda a una estrategia de política económica para esquivar de la recesión, sino que hay que vincularlo a un fenómeno de carácter estructural que hace que uno de cada tres extremeños trabaje para el gobierno que dirige el socialista Guillermo Fernández Vara. De hecho, desde que comenzó la recesión el empleo público extremeño ha crecido dos puntos porcentuales, hasta el citado 33,3%.
Los datos de la EPA reflejan, igualmente, que otras dos comunidades autónomas gobernadas desde hace casi 30 años por el Partido Socialista -Castilla-La Mancha y Andalucía-, son las que tienen mayor proporción de empleo público: 26,1% en el primer caso y un 23,5% en el segundo.
El caso de la Comunidad de Madrid
En el lado contrario se encuentran Cataluña, Comunidad Valenciana y La Rioja, donde menos del 17,2% de los asalariados trabaja para el gobierno regional. Incluso Madrid, donde se concentra gran número de funcionarios vinculados a los servicios públicos centrales del Estado: fuerzas armadas, judicatura o departamentos ministeriales, tiene menos empleados públicos que la media del país, lo que indica el perfil eminentemente privado de la actividad económica en la región.
El caso contrario es el de Ceuta y Melilla, pero su singularidad territorial puede explicar que en el primer caso el empleo público represente nada menos que un 53,3% de la población asalariada, mientras que en Melilla el porcentaje es del 48,9%. Es decir, que la mitad de los ocupados en ambas plazas trabaja para el Estado.
El caso extremeño no es solamente peculiar por la cantidad de empleo público, sino también por la calidad; aunque en sentido negativo. Según la Encuesta de Población Activa nada menos que el 35,6% de los asalariados del sector público de Extremadura tiene un contrato temporal. Se trata de un porcentaje incluso muy superior a la media nacional (23,7%), incluyendo empleo público y privado. Para hacerse una idea de lo que representa esa cifra sólo hay que tener en cuenta que en La Rioja el porcentaje apenas llega al 14,7%. Es decir, 21 puntos porcentuales menos.
La intensa utilización de la contratación temporal en Extremadura parece tener que ver con una forma de salvar las restricciones presupuestarias, lo que permite contratar aunque no haya crédito aprobado. Como consecuencia de todo esto, se produce un fenómeno sin parangón respecto de otras regiones del país. Extremadura cuenta con una población activa (suma de los ocupados y los parados) equivalente a 486.100 trabajadores, pero únicamente 195.800 (apenas el 40%) trabaja para el sector privado. El resto o está empleado en la Junta o se encuentra en situación de desempleo. Y no hay que olvidar que aquellos que reciban una prestación económica cobran, por lo tanto, de la Administración central.