LOS acreditados estafadores Alberto Cortina y Alberto Alcocer no tendrán que ir a la cárcel por haberles birlado 4.000 millones de pesetas a sus socios en Urbanor. Así lo ha decidido, en una de sus piruetas procesales, el Tribunal Constitucional, ese innecesario adminículo garantista que, para que no nos falte de nada, incluye el Título IX de la Constitución vigente. Es el mismo Tribunal Constitucional que, cuando lo presidía Manuel García Pelayo, sirvió a los intereses del Gobierno de Felipe González y dio por buena la irregular expropiación de Rumasa a José María Ruiz Mateos. La complejidad técnica de este tipo de asuntos y el temor que las togas inspiran a quienes podrían ocuparse de ellos hace que tengan menos acogida en los medios informativos de la que su gravedad aconseja; pero, van calando en la ciudadanía que, sin entenderlo del todo, se solivianta ante el establecido amancebamiento entre los tres grandes poderes del Estado y las colisiones, más forzadas que naturales, entre un Tribunal Supremo y uno Constitucional que no existe en buena parte de las democracias más avanzadas y que muy bien podría ser aquí una sala especializada del «órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes».
La ciudadanía, más sutil de lo que le reconocen los partidos clásicos y más perezosa de lo que quisieran los grupos políticos emergentes -como el UPyD-, no metaboliza con facilidad estas graves muestras de desigualdad. El hecho cierto de que sea más fácil ir a la cárcel por el tirón de un bolso que por una gigantesca estafa escandaliza mucho y acarrea un creciente y generalizado desprecio por las instituciones en las que, se supone, radica la esencia de la democracia. El respeto a las formas y las apariencias no es asunto menor. Es, en la cotidianeidad, algo más tangible y próximo que los grandes principios. Muchos ciudadanos, los que son capaces de anteponer su identidad, dignidad y criterio a los planteamientos partitocráticos, tienden a la automarginación cuando advierten que los valores elementales brillan por su ausencia.
Si el derecho procesal se antepone a la razón y convierte en inútiles el penal y el civil es como si la caligrafía pasara a ser determinante de la literatura y, por ello mismo, tuviéramos que rendir más honores y atención a un pulcro pendolista que a Miguel de Cervantes, que, dicho sea de paso, tenía muy mala letra y escribía con borrones. Mariano Rajoy, siempre mal aconsejado, empujado por esa pérdida de respeto a los valores tradicionales, se ha pasado al tuteo para reforzar la fuerza populista de sus, por otra parte acertados, alegatos contra José Luis Rodríguez Zapatero. En uno de ellos debiera incluir, por si las encuestas se equivocan, un firme propósito de devolvernos la independencia de los poderes del Estado y el ahorro de un TC que no nos lleva más que al disparate.
No hay comentarios:
Publicar un comentario